Estudiantes y Austin Community College defienden el Texas Dream Act en corte federal

Estudiantes, organizaciones de derechos de inmigrantes y Austin Community College (ACC) pidieron el pasado jueves al 5th U.S. Circuit Court of Appeals que les permita defender el Texas Dream Act, la ley que durante más de dos décadas permitió a estudiantes indocumentados pagar colegiatura estatal en universidades públicas de Texas.

La ley fue bloqueada hace exactamente un año, el 4 de junio de 2025, después de que el Departamento de Justicia demandó al estado y el fiscal general Ken Paxton aceptó no defenderla. Ahora, quienes se beneficiaron de ella quieren la oportunidad de hacerlo por su cuenta.

Quiénes piden intervenir y por qué

Los grupos que buscan defender la ley son Students for Affordable Tuition, una organización de estudiantes afectados por el fallo; La Unión del Pueblo Entero (LUPE), un grupo de derechos de inmigrantes; ACC; y Oscar Silva, un estudiante de posgrado de la University of North Texas que calificaba para colegiatura estatal bajo el Texas Dream Act.

El juez federal Reed O'Connor, del Northern District of Texas, rechazó su solicitud de intervención el año pasado. Los grupos apelaron al 5th Circuit argumentando que O'Connor debió primero evaluar si cumplían los requisitos legales para intervenir, no si la defensa de la ley tendría éxito.

"El pueblo de Texas tiene derecho a un litigio genuino antes de que una corte federal invalide su ley democráticamente aprobada".

Abogados de LUPE, ACC y Silva, en su escrito ante el 5th Circuit

Una ley bipartidista de 25 años bajo ataque

Texas fue el primer estado en aprobar una ley de este tipo. El Texas Dream Act, firmado en 2001 por el entonces gobernador republicano Rick Perry, permitió a estudiantes sin estatus legal pagar colegiatura estatal si se graduaron de una preparatoria en Texas, vivieron en el estado al menos tres años antes de graduarse y firmaron una declaración jurada de que buscarían residencia permanente en cuanto fueran elegibles.

El argumento del Departamento de Justicia es que la ley violó una norma federal de inmigración de 1996 que prohíbe a los estados otorgar beneficios de educación superior basados en residencia a personas sin estatus legal, a menos que ciudadanos estadounidenses de otros estados reciban el mismo beneficio. La oficina de Paxton estuvo de acuerdo y argumentó que las partes privadas "no pueden secuestrar la defensa del estado sobre sus propias leyes".

Los defensores de la ley responden que la elegibilidad no se basaba solo en residencia, sino que incluía requisitos adicionales como la graduación de preparatoria en Texas y la declaración jurada.

Más de 57.000 estudiantes afectados y confusión en universidades

La ley abrió las puertas de la educación superior a más de 57.000 estudiantes, según los abogados de los grupos que buscan defenderla. Eliminarla podría costarle a Texas cientos de millones de dólares al año en salarios, ingresos y gasto de consumo reducidos.

Desde el bloqueo, universidades y community colleges en Texas enfrentan confusión sobre quién califica para colegiatura estatal. El Texas Higher Education Coordinating Board ordenó a las instituciones reclasificar a estudiantes sin estatus legal como no residentes, pero no les indicó cómo determinar el estatus migratorio ni qué documentos aceptar. Esa incertidumbre llevó a que varias universidades cobraran tarifas de no residente a beneficiarios de DACA, aunque los abogados de Texas dijeron que esos estudiantes aún deberían calificar.

La situación se suma a otras medidas recientes en Texas que han afectado a la comunidad inmigrante. La semana pasada, Tiempo Austin reportó que el estado eliminó el examen de licencia comercial (CDL) en español y bloqueó el acceso a licencias para beneficiarios de DACA y TPS.

Tres jueces decidirán el siguiente paso

El panel de jueces que escuchó los argumentos el jueves está compuesto por Jerry E. Smith, nombrado por Ronald Reagan; Don R. Willett, nombrado por Donald Trump; e Irma Carrillo Ramirez, nombrada por Joe Biden. La decisión podría tardar semanas o meses.

Si el tribunal falla a favor de los grupos, el caso regresaría a la corte de distrito donde tendrían la oportunidad de defender la ley. Si falla a favor de la oficina de Paxton y el Departamento de Justicia, el bloqueo se mantendría.

Para estudiantes indocumentados que se graduaron de preparatorias en Texas y dependen de la colegiatura estatal para poder costear la universidad, la espera continúa. Quienes tengan dudas sobre su situación pueden contactar a TheDream.US o a la oficina de ayuda financiera de su institución para orientación.