Trump le pide a Texas que asuma la defensa legal de niños migrantes ante la deportación
La administración Trump contactó a una comisión estatal de Texas para que asuma la representación legal de menores migrantes no acompañados en sus procesos de deportación. Al mismo tiempo, el gobierno federal cierra albergues para niños en estados demócratas mientras abre plazas en Texas.
El gobierno de Trump le pidió el pasado viernes a una comisión estatal de Texas que se encargue de la representación legal de niños migrantes no acompañados en sus procesos de deportación, según reveló el *Texas Tribune*. La petición llegó a la Texas Indigent Defense Commission, el organismo que por ley apoya la defensa criminal de texanos de bajos recursos — no casos de inmigración.
El director ejecutivo de la comisión, Scott Ehlers, recibió primero una llamada de funcionarios de la fiscalía del fiscal general Ken Paxton y luego de James McHenry, jefe de audiencias administrativas del Departamento de Justicia federal. Ehlers rechazó la solicitud al determinar que su mandato cubre defensa criminal, no casos migratorios de menores.
Por qué Texas y por qué ahora
El contrato federal que garantiza representación legal a niños migrantes solos — sostenido por el Acacia Center for Justice, un nonprofit nacional — vence este mes. Al mismo tiempo, el gobierno cerró al menos 50 albergues para niños inmigrantes en estados como Nueva York, Illinois y Michigan, mientras contratistas federales en Texas publicaron cientos de vacantes en centros de detención para menores.
Para grupos de derechos de inmigrantes, esa combinación de señales apunta a un plan: trasladar a los niños migrantes no acompañados a Texas, el estado con mayor concentración de instalaciones de detención migratoria en el país, desde donde resulta más fácil deportarlos rápidamente. Desde 2000, una ley bipartidista requiere que el gobierno federal pague algunos servicios legales para niños que cruzan la frontera solos, basada en el principio de que los menores no deben representarse a sí mismos en tribunales de deportación.
La administración Trump ha venido desmantelando esas protecciones de manera progresiva: dificultó la reunificación de niños con sus familiares, arrestó a adultos que fueron a recoger a los menores, y demandó ante los tribunales para terminar con los acuerdos judiciales que protegían los derechos de los niños en custodia federal.
Texas ya no supervisa los albergues de niños inmigrantes
Uno de los elementos que más alarma a los expertos es que Texas y Florida son los únicos estados del país que ya no regulan los centros de cuidado de niños inmigrantes. El gobernador Greg Abbott firmó una orden ejecutiva en 2021 que terminó con esa supervisión estatal, argumentando que la política migratoria del gobierno federal incentivaba la llegada irregular.
Eso significa que si los niños son trasladados a Texas, no habría un organismo independiente investigando denuncias de negligencia o abuso en esas instalaciones, a diferencia de lo que ocurre en otros estados. Organizaciones como el Texas Civil Rights Project advirtieron que Texas no cuenta con las condiciones para asumir esa responsabilidad de manera humana.
La directora del Acacia Center señaló su preocupación por que los niños queden alejados de los abogados con quienes ya tienen una relación de confianza. Actualmente, más de 20.000 niños reciben servicios bajo ese contrato federal, muchos de ellos fuera de Texas.
Qué puede pasar con los niños en Central Texas
Para familias en Greater Austin que tienen un menor en custodia federal, estos cambios pueden afectar directamente el acceso a representación legal. Las organizaciones de derechos de inmigrantes recomiendan actuar pronto: si un niño está en un albergue del Office of Refugee Resettlement y todavía no tiene abogado, es urgente contactar a un proveedor de servicios legales antes de que el contrato actual expire.
En Austin, American Gateways ofrece asesoría legal migratoria con tarifas según ingresos. También es posible comunicarse con el Texas Civil Rights Project para orientación.
El Departamento de Justicia confirmó que estudia la legalidad de contratar a la Texas Indigent Defense Commission con fondos federales del Office of Refugee Resettlement. Ni la oficina de Paxton ni la del gobernador Abbott respondieron a preguntas sobre su involucramiento en la propuesta. El proceso de deportación de menores migrantes, que por décadas fue el más difícil de ejecutar rápidamente, se ha acelerado como parte del plan de deportaciones masivas del presidente Trump — en paralelo al fallo del 5th Circuit que esta semana también limitó las detenciones sin audiencia para adultos.
