Texas elimina licencias, matrícula y derechos de conducir a inmigrantes y beneficiarios de DACA

En los últimos 10 meses, el gobierno de Texas ha ejecutado una serie de cambios regulatorios y legales que eliminan el acceso de inmigrantes indocumentados, beneficiarios de DACA, refugiados y personas con estatus migratorio protegido a licencias de trabajo, matrículas universitarias a precio estatal, licencias de conducir comerciales y registro vehicular. Los cambios no pasaron por la legislatura: el gobernador Greg Abbott, el fiscal general Ken Paxton y varias agencias estatales los implementaron por vía ejecutiva y reglamentaria.

Así lo documenta un reportaje publicado este 2 de abril por el Texas Tribune, que describe el impacto en las 1.7 millones de personas sin documentos en Texas, más decenas de miles de refugiados y portadores de DACA. Texas tiene 87,890 beneficiarios de DACA, la segunda cifra más alta del país.

Qué derechos ya se perdieron y qué industrias están en riesgo

Los cambios afectan a sectores enteros de la economía texana. El Departamento de Seguridad Pública (DPS) ya no emite ni renueva licencias de conducir comerciales (CDL) para beneficiarios de DACA, refugiados y personas con asilo. Como resultado, más de 6,400 conductores perdieron sus credenciales después de una auditoría federal. Muchos trabajaban en transporte de carga.

El Departamento de Vehículos Motorizados añadió requisitos más estrictos de identificación para registrar y comprar un automóvil. Y el Departamento de Licencias y Regulación de Texas votó para limitar drásticamente qué tipos de no ciudadanos pueden ejercer trabajos que requieren licencia estatal: electricistas, fonoaudiólogos, cosmetólogos, criadores de animales y más. Los beneficiarios de DACA quedaron excluidos de casi todas estas categorías. Solo podrán obtener licencias quienes tengan residencia permanente, estatus de refugiado o sean reconocidos como víctimas de tráfico humano.

En materia educativa, el fiscal general Ken Paxton trabajó con el Departamento de Justicia federal para revertir judicialmente la ley de 2001 que garantizaba matrícula estatal para estudiantes indocumentados. Hoy, hasta 18,500 estudiantes enfrentan el riesgo de perder ese beneficio. Algunas universidades llegaron a informar incorrectamente a beneficiarios de DACA que ya no calificaban, incluso después de recibir orientación del estado.

Austin también en la mira: el caso de DACS Academy

El impacto se siente directamente en Austin. Lorena Chavarría fundó DACS Academy, la primera escuela de cosmetología en español de la ciudad. El acrónimo significa "Dios Abriendo Caminos de Superación". El programa ayuda a mujeres, muchas de ellas indocumentadas y sobrevivientes de violencia doméstica, a obtener entrenamiento, licencia y empleo. Con los nuevos reglamentos, esas mujeres no podrán obtener su licencia de cosmetología.

"Las personas que, a través de nuestro programa, lograron salir de entornos de violencia o dificultad, ahora corren el riesgo de regresar a ciclos de inestabilidad y dependencia económica", dijo Chavarría, quien habló a través de su hija ante comisionados estatales en una audiencia pública. "Esta situación no solo afecta a individuos, sino a familias enteras".

Cambios ejecutivos, sin pasar por la legislatura

Lo que distingue a esta oleada de restricciones es que se implementó sin legislación. Cuando un proyecto de ley para revocar la matrícula estatal de estudiantes indocumentados no prosperó en la sesión legislativa, los defensores de inmigrantes creyeron que la ley de 2001 estaría a salvo por dos años. Días después del cierre del Capitolio, Paxton actuó por su cuenta.

"El gobernador está legislando mediante reglamentos", dijo el representante estatal Ramón Romero, demócrata de Fort Worth. "Somos una rama igual del gobierno, y esto es completamente deshonesto para quienes juren respetar la Constitución".

Gloria Leal, ex asesora legal de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y ex abogada de agencias estatales de Texas, advirtió que estos cambios son inusualmente "autogenerados" por las propias agencias, sin seguir el proceso legislativo estándar que garantiza la participación ciudadana.

Lo que podría venir: la educación K-12 en la mira

Funcionarios del gobierno federal, incluido el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, presionaron a legisladores republicanos de Texas para impugnar el fallo Plyler v. Doe de 1982, que obliga a los estados a educar a estudiantes indocumentados en escuelas públicas. Aunque ningún legislador principal quiere eliminar ese derecho por ahora, la presión existe. El representante estatal Benjamin Bumgardner ya presentó el House Bill 371, que prohibiría a niños "sin presencia legal" acceder a escuelas públicas gratuitas sin reembolso federal.

Si la familia tiene un miembro con DACA, estatus de refugiado, TPS o sin documentos, los nuevos reglamentos ya aplican. Para orientación legal gratuita en Austin, el Workers Defense Project y American Gateways ofrecen recursos y referidos a abogados de inmigración. Quienes perdieron su CDL o licencia ocupacional pueden consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión sobre empleo o renovaciones pendientes.